{"id":5576,"date":"2020-06-26T07:49:10","date_gmt":"2020-06-26T07:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ciiam.org\/?p=5576"},"modified":"2020-06-26T11:02:01","modified_gmt":"2020-06-26T11:02:01","slug":"el-constitucional-hace-historia-tras-ajustar-el-control-de-los-jueces-sobre-los-laudos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciiam.org\/en\/el-constitucional-hace-historia-tras-ajustar-el-control-de-los-jueces-sobre-los-laudos\/","title":{"rendered":"El Constitucional hace historia tras ajustar el control de los jueces sobre los laudos"},"content":{"rendered":"
Art\u00edculo publicado en vozpopuli.com\/<\/a><\/em><\/h6>\n

 <\/p>\n

El tribunal de garant\u00edas ha dictado una sentencia hist\u00f3rica que aclara una parte de las funciones de los jueces a la hora de anular laudos arbitrales<\/p><\/blockquote>\n

 
\nEspaldarazo del\u00a0Tribunal Constitucional<\/a>\u00a0a la comunidad arbitral. El tribunal ha dictado\u00a0una sentencia hist\u00f3rica para el sector del\u00a0arbitraje<\/a><\/strong>\u00a0en la que\u00a0aclara las funciones de los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria sobre los laudos arbitrales.<\/strong>\u00a0En concreto, ha determinado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se sobrepas\u00f3 en sus funciones tras negarse a archivar un caso de una anulaci\u00f3n de un laudo pese a que las partes hab\u00edan logrado llegar a un acuerdo extrajudicial.<\/p>\n

As\u00ed consta en la sentencia a la que ha tenido acceso\u00a0Vozp\u00f3puli<\/em><\/a>\u00a0y que est\u00e1 fechada el pasado 15 de junio. Las partes del litigo hab\u00edan llevado al TSJM la anulaci\u00f3n de un laudo arbitral, pero lograron llegar a un acuerdo extrajudicial y pidieron el archivo de la causa.\u00a0El tribunal se neg\u00f3 porque consideraba de inter\u00e9s resolver si se hab\u00eda vulnerado el orden p\u00fablico<\/strong>\u00a0y las partes terminaron llegando hasta el Constitucional tras alegar que se hab\u00eda vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva. Acaban de darles la raz\u00f3n y, como destacan fuentes del sector consultadas por este diario,\u00a0esta decisi\u00f3n marca un antes y un despu\u00e9s para el mundo del arbitraje.<\/strong><\/p>\n

EL TSJM se hab\u00eda escudado en una interpretaci\u00f3n que ahora se ha demostrado demasiado amplia del concepto de orden p\u00fablico para entrar a valorar el fondo y la motivaci\u00f3n de los laudos. Se trata de un concepto dif\u00edcil de definir que se podr\u00eda resumir de forma somera como los derechos fundamentales y las libertades garantizadas por la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Precisamente porque el concepto de orden p\u00fablico es poco n\u00edtido se multiplica el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el \u00f3rgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral\u00a0desnaturalizando la instituci\u00f3n arbitral y vulnerando al final la autonom\u00eda de la voluntad de las partes<\/strong>\u201d, reza la sentencia. \u201cEl \u00f3rgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneraci\u00f3n del orden p\u00fablico, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento de las partes\u201d.<\/p>\n

El tribunal abunda en esta cuesti\u00f3n a lo largo del texto cuando insiste en que \u201cla acci\u00f3n de anulaci\u00f3n debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que\u00a0no permite una revisi\u00f3n del fondo de la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros<\/strong>\u201d.<\/p>\n

El origen de esta hist\u00f3rica decisi\u00f3n del Constitucional est\u00e1 en\u00a0un contrato de arrendamiento de vivienda<\/strong>\u00a0firmado en 2014 que estipulaba que cualquier discrepancia ser\u00eda sometida a arbitraje en la Asociaci\u00f3n Europea de Arbitraje (AEADE). Tras alegar que se hab\u00eda producido el impago de varias mensualidades, los arrendadores activaron la cl\u00e1usula arbitral y lograron que se dictase un laudo arbitral en junio de 2016 \u201cen el que se acordaba declarar resuelto el contrato\u201d y se condenaba a los demandados \u201cal pago de las rentas m\u00e1s sus intereses, a desalojar la vivienda en el plazo de un mes y al abono del suministro de agua y de las costas arbitrales\u201d.<\/p>\n

Fue entonces cuando los arrendatarios presentaron un recurso para anular el laudo en el TSJM. Alegaron que la cl\u00e1usula arbitral era abusiva y defendieron su condici\u00f3n de consumidores frente a la de empresarios de los arrendadores. La vista fue fijada en enero de 2017 y el tribunal pidi\u00f3 a las partes que se pronunciasen sobre una posible infracci\u00f3n del orden p\u00fablico como causa de nulidad del laudo. El tribunal se\u00f1al\u00f3 que apreciaba una posible falta de imparcialidad en la corte arbitral dado que hab\u00eda detectado v\u00ednculos entre AEADE y ARRENTA, una asociaci\u00f3n que promueve \u201cel acceso a viviendas dignas de alquiler\u201d que asesor\u00f3 a los recurrentes en las negociaciones contractuales y en el arbitraje.<\/p>\n

Apenas un mes despu\u00e9s, ambas partes comunicaron al tribunal en un escrito conjunto que hab\u00edan alcanzado un acuerdo extrajudicial y solicitan la terminaci\u00f3n del mismo. Y aqu\u00ed lleg\u00f3 el problema, porque\u00a0el tribunal no atendi\u00f3 esta petici\u00f3n y decidi\u00f3 seguir adelante con el procedimiento<\/strong>\u00a0\u201cya que existe un inter\u00e9s general en depurar\u201d aquellos laudos \u201cque sean contrarios al orden p\u00fablico\u201d. Esta decisi\u00f3n sali\u00f3 adelante pese a que el presidente de la sala emiti\u00f3 un voto particular al entender que deb\u00eda accederse al archivo.<\/p>\n

Fue entonces cuando ambas partes\u00a0presentaron de forma conjunta hasta dos incidentes extraordinarios de nulidad de actuaciones<\/strong>\u00a0tras alegar una vulneraci\u00f3n del \u201cderecho fundamental a la libertad constitucional\u201d y a la tutela judicial efectiva. Ambos fueron desestimados.<\/p>\n

Finalmente, se present\u00f3 un recurso de amparo ante el Constitucional que fue admitido a tr\u00e1mite hace dos a\u00f1os (4 de junio de 2018) tras considerar que\u00a0planteaba un problema sobre el que no existe doctrina.<\/strong>\u00a0El fiscal envi\u00f3 un escrito de alegaciones favorable a la estimaci\u00f3n del recurso de amparo.<\/p>\n

Ahora, el Constitucional se ha inclinado a favor de los arrendatarios, asesorados por la boutique\u00a0\u00cdscar Arbitraje<\/strong>, y ha sentado doctrina sobre un asunto de enorme relevancia para el sector.\u00a0El TSJM hizo una interpretaci\u00f3n del concepto de orden p\u00fablico demasiado amplia<\/strong>\u00a0que ahora ha quedado corregida para siempre por el \u00f3rgano constitucional. Respecto a los tiempos, la decisi\u00f3n del tribunal no ha podido ser m\u00e1s oportuna, ya que hace unos d\u00edas se ha presentado en sociedad el\u00a0Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)<\/strong>, una corte unificada que aspira a competir con Par\u00eds y Londres como plaza de referencia para el arbitraje.<\/p>\n

Otro recurso en el horno<\/h2>\n

Tras esta primera victoria para el mundo del arbitraje, en el sector se espera otro importante pronunciamiento del Constitucional que tendr\u00e1 todav\u00eda m\u00e1s trascendencia. Se trata de un recurso de amparo admitido hace menos de un a\u00f1o en el marco de la guerra por la herencia del marqu\u00e9s de Pa\u00fal.<\/p>\n

En concreto, fue el pasado mes de septiembre cuando el Constitucional admiti\u00f3 a tr\u00e1mite un recurso presentado por\u00a0B\u00e1rbara Kalachnikoff<\/strong>, viuda del marqu\u00e9s, para blindar el\u00a0arbitraje\u00a0que gan\u00f3 a\u00a0Carlos Gutierrez-Maturana-Larios Altuna, primog\u00e9nito del noble, por el reparto de\u00a0una herencia que supera los 600 millones de euros. La viuda est\u00e1 asesorada por el abogado\u00a0Bernardo Cremades.<\/strong><\/p>\n

Este recurso no solo servir\u00e1 para dirimir el reparto de la herencia, tambi\u00e9n ajustar\u00e1 todav\u00eda m\u00e1s el papel de la Justicia ordinaria en la anulaci\u00f3n de los arbitrajes. A d\u00eda de hoy, cuando se dicta un laudo arbitral, la normativa permite que una de las dos partes (o incluso las dos) presenten un recurso de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n

El problema, en l\u00ednea con el recurso resuelto este mes de junio por el tribunal, es que los TSJ en general y el de Madrid en particular\u00a0entran al fondo de los asuntos de los laudos y los valoran como sentencias revisables<\/strong>\u00a0y no como decisiones finales.<\/p>\n

Esto se debe a que los tribunales sit\u00faan el arbitraje dentro del art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n (derecho de tutela judicial) en vez del art\u00edculo 10 (autonom\u00eda de voluntad),\u00a0lo que ser\u00eda m\u00e1s adecuado en opini\u00f3n de la comunidad arbitral (y de la viuda Kalachnikoff)<\/strong><\/p>\n

Aunque el Constitucional a\u00fan no se ha pronunciado sobre este asunto, la sentencia de este mes de junio ya deja caer que la posici\u00f3n del tribunal no difiere demasiado de la petici\u00f3n de la viuda: “El ensanchamiento del concepto de orden p\u00fablico que realizan las resoluciones impugnadas para llevar a cabo una revisi\u00f3n de fondo del litigio por el \u00f3rgano judicial, lo que pertenece en esencia s\u00f3lo a los \u00e1rbitros,\u00a0desborda el alcance de la acci\u00f3n de anulaci\u00f3n y desprecia el poder de disposici\u00f3n o justicia rogada de las partes del proceso<\/strong>“.<\/p>\n

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